18/04/2021

Estafa: Fundación tutelada por la Iglesia vendió 14 inmuebles en Madrid

Estafa: Fundación tutelada por la Iglesia vendió 14 inmuebles en Madrid

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El juzgado de instrucción número 51 de Madrid ha admitido a trámite la querella interpuesta por los vecinos afectados por la fundación Fusara por posibles delitos de estafa, corrupción y administración desleal de sus responsables. Esta entidad, que tutela la Iglesia, vendió 14 inmuebles en el centro de Madrid por 74 millones el pasado 30 de julio, según diversas fuentes de esta operación urbanística, y dejó en el limbo a más de 200 familias que vivían en alquiler. El caso fue destapado por EL PAÍS el pasado 17 de octubre a raíz de un burofax que llegó a una vecina.

Los inmuebles eran donaciones de dos familias adineradas y han terminado siendo el centro de una operación inmobiliaria opaca que aún amenaza con dejar sin casa a a más de 200 familias.

Fusara es un acrónimo que responde a la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio. Su objeto es “educar a menores de edad carentes de medios económicos con enseñanza católica”. Resulta de la fusión de dos fundaciones en 2008 que contaban con numerosos inmuebles, de cuya administración proveían fondos para orfanatos, colegios concertados y residencias.

El patronato que gestiona Fusara lo forman seis miembros: el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que delegó en David López Royo para gestionar las 64 fundaciones que tutela la Iglesia madrileña; el alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la delegada del Gobierno, Paz García Vera; el decano del Tribunal de la Rota, Carlos Manuel Morán, y dos sacerdotes de la capital.

El Registro de la Propiedad frenó entonces la venta de dichos inmuebles tras encontrar irregularidades en la inscripción de compra de cinco de ellos: el de la calle Churruca, 15; Santa Teresa, 8 y 9; Barquillo, 22; y Castillo, 4. Esta fue una de las irregularidades que mantuvo el proceso en suspenso ya que la entidad no había hecho constar en el Registro de Fundaciones los cambios en su dotación patrimonial pese a que se han deshecho de más de 50 millones de euros en bienes.

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Fusara tampoco subsanó la situación en el plazo establecido: diez días después, el órgano de control seguía sin tener noticias del adelgazamiento de patrimonio. Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales confirmaron a eldiario.es que el proceso se había subsanado y se había dado autorización para publicarlo en el Registro de Fundaciones. Pero en el sistema interno no hay rastro de ello de ninguna solicitud. Sin este trámite, la operación no podrá completarse.

Otro cabo suelto de la operación tiene que ver con las firmas que la autorizaron. La venta fue aprobada por “unanimidad” en el patronato de la fundación. La alcaldesa de Madrid –a quien representaba el concejal Mauricio Valiente– y la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vega, no asistieron pero delegaron su voto. De manera que, a efectos, se posicionaron a favor. Ambos confirman que conocían “algo” de la operación que se estaba aprobando, aunque no estaban presentes

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